La ministra habla del fraude de aquellos que hacen una chapuza por cincuenta o cien euros. El otro fraude, el que de verdad pone en peligro las pensiones, el de cientos de millones, no le interesa destaparlo, no vaya a procesar a su secretaria general y a sus amigos.
Fuente: nuevatribuna.es
Por Enrique Negueruela
El pasado lunes 5 la ministra de Empleo publicó una carta abierta a los medios de comunicación en la que daba cuenta de las actuaciones de la Inspección y del Plan de control del fraude. En ella, entre otras cosas, no detallaba que se hubiera abierto un expediente al PP porque, en palabras de su Secretaria General, “La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de…, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido de lo que antes era una retribución tenía que tener la retención a la Seguridad Social”. Está claro que la simulación que menciona era la de una relación laboral no existente, al menos, en palabras del presidente del gobierno, durante tres años. Esta simulación permite al extesorero del PP cobrar dos años de prestación. El PP también está exento además del fraude fiscal, del fraude laboral.
Si vemos las cifras que da en su carta la ministra, se confirma que es prácticamente inexistente el fraude de perceptores que trabajan ilegalmente. Se ha detectado que solamente 5.833 personas trabajan ilegalmente percibiendo prestaciones. Para amplificarlo, el porcentaje que da la ministra es de un aumento del 29%. No dice la ministra que ese gran fraude detectado supone, en cómputo mensual, 981 actuaciones fraudulentas sobre un promedio de 2.933.109 perceptores. O lo que es lo mismo, el porcentaje de fraude existente es el 0,03% del total de perceptores. No dice nada del número de horas dedicado por la Inspección.
Si miramos la EPA del segundo trimestre, en ella se dice que de media semanal los asalariados han realizado 3.189.900 horas extraordinarias no pagadas y, por lo tanto, no cotizadas y 2.441.400 pagadas aunque habría que ver si cotizadas o “horas negras”. Las horas no pagadas equivalen a 88.855 puestos de trabajo y las pagadas a otros 68.006. En total se podría hablar de un fraude de 156.861 empleos y la ministra mira para otro lado y se preocupa por 5.833. Resulta hipócrita. Estas horas no retribuidas suponen un fraude a los trabajadores de más de mil millones de euros y a la seguridad social de unos 400 millones. Las otras retribuidas pero previsiblemente no cotizadas, supondría un fraude algo superior a los 300 millones. De este frade de más de mil setecientos millones la ministra tampoco dice nada. Mira para otro lado.
En el último semestre el 44% de los contratos indefinidos y el 34% de los temporales son a tiempo parcial. El peso de la contratación a tiempo parcial ha aumentado un 18% en dos años. Para evitar su inspección la ministra ha posibilitado que puedan hacer horas extras. Ahora si un inspector de trabajo encuentra a un trabajador fuera del horario establecido en su contrato, el empresario puede decir que está haciendo horas extras. La ministra ideó la trampa perfecta para un gran fraude, hacer casi imposible el trabajo de los inspectores.
Estos tres ejemplos son claros del llamamiento que ha hecho la ministra: denuncien a sus vecinos si creen que cobran prestaciones y trabajan. Ella no lo ha podido hacer: solamente se acredita que el 0,03% de los percepctores incurren en fraude. El otro fraude, el fraude de verdad de cientos y miles de millones de euros no interesa perseguirlo. Se busca el fraude de cincuenta euros para ocultar el de millones. ¿Dónde está la investigación al PP que tuvo en alta en la Seguridad Social a alguien que no trabajaba ya en ese partido y según su Secretaria General era una simulación? ¿Dónde está la investigación de miles de horas extras que no son cotizadas y de otras muchas miles que ni son retribuidas ni cotizadas? Esas quitan miles de empleos. ¿Dónde está la búsqueda del fraude en los contratos a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las contratadas sin salario ni cotización y ha sido encubierto por la propia ministra?
Cuando se habla de fraude, la ministra habla de aquellos que hacen una chapuza por cincuenta o cien euros, muchos de ellos con una prestación por debajo de los cuatrocientos. Para luchar contra ella pide la colaboración ciudadana. No es tanto el fraude en sí mismo lo que busca, sino la vieja idea de la derechona más rancia de sembrar que los parados son vagos y tramposos: no quieren trabajar y si cobran prestaciones, quieren hacer trampas. Es el primer paso para recortarlas más.
El otro fraude, el que de verdad pone en peligro las pensiones, el de cientos de millones, no le interesa destaparlo, no vaya a procesar a su secretaria general y a sus amigos, entre otros al ínclito vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández que pagaba con sobres para no cotizar.
Si vemos las cifras que da en su carta la ministra, se confirma que es prácticamente inexistente el fraude de perceptores que trabajan ilegalmente. Se ha detectado que solamente 5.833 personas trabajan ilegalmente percibiendo prestaciones. Para amplificarlo, el porcentaje que da la ministra es de un aumento del 29%. No dice la ministra que ese gran fraude detectado supone, en cómputo mensual, 981 actuaciones fraudulentas sobre un promedio de 2.933.109 perceptores. O lo que es lo mismo, el porcentaje de fraude existente es el 0,03% del total de perceptores. No dice nada del número de horas dedicado por la Inspección.
Si miramos la EPA del segundo trimestre, en ella se dice que de media semanal los asalariados han realizado 3.189.900 horas extraordinarias no pagadas y, por lo tanto, no cotizadas y 2.441.400 pagadas aunque habría que ver si cotizadas o “horas negras”. Las horas no pagadas equivalen a 88.855 puestos de trabajo y las pagadas a otros 68.006. En total se podría hablar de un fraude de 156.861 empleos y la ministra mira para otro lado y se preocupa por 5.833. Resulta hipócrita. Estas horas no retribuidas suponen un fraude a los trabajadores de más de mil millones de euros y a la seguridad social de unos 400 millones. Las otras retribuidas pero previsiblemente no cotizadas, supondría un fraude algo superior a los 300 millones. De este frade de más de mil setecientos millones la ministra tampoco dice nada. Mira para otro lado.
En el último semestre el 44% de los contratos indefinidos y el 34% de los temporales son a tiempo parcial. El peso de la contratación a tiempo parcial ha aumentado un 18% en dos años. Para evitar su inspección la ministra ha posibilitado que puedan hacer horas extras. Ahora si un inspector de trabajo encuentra a un trabajador fuera del horario establecido en su contrato, el empresario puede decir que está haciendo horas extras. La ministra ideó la trampa perfecta para un gran fraude, hacer casi imposible el trabajo de los inspectores.
Estos tres ejemplos son claros del llamamiento que ha hecho la ministra: denuncien a sus vecinos si creen que cobran prestaciones y trabajan. Ella no lo ha podido hacer: solamente se acredita que el 0,03% de los percepctores incurren en fraude. El otro fraude, el fraude de verdad de cientos y miles de millones de euros no interesa perseguirlo. Se busca el fraude de cincuenta euros para ocultar el de millones. ¿Dónde está la investigación al PP que tuvo en alta en la Seguridad Social a alguien que no trabajaba ya en ese partido y según su Secretaria General era una simulación? ¿Dónde está la investigación de miles de horas extras que no son cotizadas y de otras muchas miles que ni son retribuidas ni cotizadas? Esas quitan miles de empleos. ¿Dónde está la búsqueda del fraude en los contratos a tiempo parcial que trabajan muchas más horas de las contratadas sin salario ni cotización y ha sido encubierto por la propia ministra?
Cuando se habla de fraude, la ministra habla de aquellos que hacen una chapuza por cincuenta o cien euros, muchos de ellos con una prestación por debajo de los cuatrocientos. Para luchar contra ella pide la colaboración ciudadana. No es tanto el fraude en sí mismo lo que busca, sino la vieja idea de la derechona más rancia de sembrar que los parados son vagos y tramposos: no quieren trabajar y si cobran prestaciones, quieren hacer trampas. Es el primer paso para recortarlas más.
El otro fraude, el que de verdad pone en peligro las pensiones, el de cientos de millones, no le interesa destaparlo, no vaya a procesar a su secretaria general y a sus amigos, entre otros al ínclito vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández que pagaba con sobres para no cotizar.
