El
coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario de la
Asamblea Nacional venezolana, José Alfredo Ureña, informó este lunes que
el anteproyecto de ley de semillas busca incrementar la producción
nacional, garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de
transgénicos en el país, con la finalidad de preservar la diversidad
biológica venezolana.
El instrumento legal, que actualmente es discutido en la subcomisión
permanente, tiene varias premisas fundamentales, una de ellas contenida
en el artículo 305 de la Constitución de la República que define la
seguridad alimentaria; otra es el inciso 1.4 del Plan de la Patria, que
corresponde a la independencia en la producción de alimentos, abundó el
diputado socialista.
Las políticas de producción de semillas en Venezuela no se han
unificado, por lo que el proyecto de ley busca poner orden en el sector,
así como estimular la siembra para este fin, que actualmente reporta un
déficit en el país suramericano.
Uno de los puntos más polémicos, según Ureña, es que la propuesta
legal se define como antitransgénica. “Estudios alertan sobre la
incidencia en la salud de animales y seres humanos cuando se consumen
alimentos con organismos modificados genéticamente”, enfatizó el
parlamentario, miembro además de la Comisión Permanente de Finanzas y
Desarrollo Económico.
El legislador sostuvo que una gran cantidad de la producción agrícola
con transgénicos acaba con el ambiente, afecta a los microorganismos y
contamina los cultivos locales, por ello reivindicó una ley que plantea
con toda claridad el no uso de esos productos, una cuestión que no está
bien definida en la norma vigente, insistió.
Contra los oligopolios
En Venezuela también hay gran actividad de los movimientos
agroecológicos, y los parlamentarios han recogido sus inquietudes, no
solo en cuanto al uso y consumo de alimentos, sino en relación con los
paquetes tecnológicos que manejan, en los que vienen incluidos
fertilizantes agroquímicos. “Sin estos venenos las semillas modificadas
genéticamente no tienen buenos rendimientos”, acotó.
“Venezuela es el sexto país con diversidad biológica en el mundo y
los paquetes tecnológicos que traen con las semillas afectan la
biodiversidad”, aseveró.
Son innumerables las denuncias contra trasnacionales oligopólicas
como Monsanto y Pioneer, que manejan cerca de 90 por ciento de las
semillas en el mundo, por lo que los productores se ven obligados a
adquirir paquetes completos que incluyen agrotóxicos, pues de lo
contrario las matas no crecen.
“El pueblo organizado ha manifestado que no quiere los transgénicos y
nosotros hemos oído esas voces. Pero además, el comandante eterno Hugo
Chávez se pronunció en varias oportunidades contra esos proyectos. En
2004, 2006 y 2007 paró unos proyectos de soya en la Mesa de Guanipa. De
manera que hay suficientes argumentos para aprobar una nueva ley de
semillas”, ahondó José Alfredo Ureña.
El proyecto busca sustituir la Ley de Semillas, Productos para la
Producción Animal e Insumos Biológicos, vigente desde octubre de 2002 y
que, de acuerdo con el diputado, tiene un radio de acción demasiado
amplio que la hace inaplicable. “Esto fue otro motivo para elaborar un
nuevo instrumento legal en el que están participando varios ministerios:
Agricultura y Tierras; Ciencia, Tecnología e Innovación; Comercio;
Ambiente; Alimentación y Relaciones Exteriores”, precisó.
La ley será resultado de un consenso entre todos los actores:
productores agrícolas, comercializadores, movimientos sociales
agroecológicos y movimientos contra el uso de los transgénicos.
Además, el instrumento impedirá que los alimentos transgénicos que se
producen en el Mercado Común del Sur (Mercosur) ingresen a Venezuela.
“Ellos producen más y son más eficientes, pero eso trae consigo el uso
de manera acelerada de esas variedades. Nosotros planteamos que tenemos
que ser más eficientes, pero con métodos que no empleen esas técnicas ni
semillas modificadas genéticamente”, reiteró Ureña.
El proyecto de ley, que fue incluido en 2012 en la agenda
parlamentaria y debe entrar a discusión general en julio, plantea la
fundación de un Instituto Nacional de Semillas que fiscalice y
certifique de manera autónoma la producción agrícola en la República
Bolivariana.
“Esto permitirá certificar si las semillas y otros productos tienen
un origen transgénico, incluso los productos terminados. También prevé
crear un banco local de semillas que debería estar en Guárico, como
primer paso, y después ir reproduciendo estas experiencias en otros
estados, dependiendo de lo que se cultive en cada región”, adelantó.
Ureña aprovechó la oportunidad para invitar al foro sobre la
diversidad ecológica que se realizará entre el 23 y el 28 de junio
próximos en el estado Falcón (noroeste), en el que se abordarán temas
relacionados con el anteproyecto de ley de semillas.
Posteriormente se discutirá la propuesta con todos los sectores
involucrados, incluyendo las universidades e institutos tecnológicos.
Mantener soberanía
La idea de impulsar un Instituto Nacional de Semillas parte de la
necesidad de garantizar la soberanía del país en materia de semillas, un
eslabón fundamental en la cadena agroalimentaria, destacó el diputado
socialista.
“Esta es una manera de alcanzar la independencia para los pequeños
productos, medianos y hasta grandes que dependen de las grandes
transnacionales. Lo que se busca es que se utilicen criterios técnicos
para el uso de semillas, y que sea en el país que se decida el tipo y la
variedad a usar, no que se imponga desde afuera”, concluyó el
parlamentario, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
teleSUR-SiBCI/at
